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Soy José Mira, abogado, y te doy la bienvenida a este espacio llamado Cosas de Derecho donde comparto mi visión de las cosas que considero de interés.
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Pues si, finalmente Agosto ha terminado y es momento de que empiece la fiesta. Y vaya que si ha empezado. En este curso judicial, como se suele decir, “se vienen cositas”. Muchas reformas importantes, nuevas leyes que hacen que tengamos que estar estudiando cada día para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes.
Y precisamente de eso voy a hablar, especialmente después de un desafortunado tuit (en mi opinión) de Matthew Bennett que decía lo siguiente:
Si Ud es abogado y al llegar a casa piensa "Joder qué buen profesional soy, hoy he conseguido seis meses de cárcel menos para mi cliente violador o asesino condenado porque el legislador nos lo ha puesto a huevo", yo reflexionaría un poco sobre el sentido de la vida. Pero eso yo.
De una lectura sosegada del tuit podemos observar como, en última instancia, parece responsabilizar al/la letrad@ de hacer cumplir las leyes que se aprueban y que emanan de la soberanía popular. Es decir, que si se prevé en el Código Penal que en caso de aprobarse una nueva ley que pueda rebajar una condena podrá ser aplicada a un condenado aún cuando esté cumpliendo la pena de cárcel y la sentencia sea firme, y precisamente se hace cumplir esa ley: la culpa es del letrado.
La culpa no es de que se haya aprobado una ley que permita rebajar la pena. La culpa no es del legislador que previó que, en caso de reforma de las penas de los delitos, los condenados pudieran verse beneficiados (nunca agravados) de esas reformas. En definitiva se pretende culpar a quien, cumpliendo con su obligación deontológica profesional (fuera de cualquier elemento personal/emocional) hace cumplir las leyes.
Pensemos el ejemplo de un médico que debe atender a un asesino, o a un agresor sexual, que conoce una nueva técnica médica que podría salvar al condenado. Su vida está en manos del médico que domina la técnica a la perfección y ve la viabilidad de que pueda seguir viviendo el asesino o el agresor sexual. Internamente pudiera pensar en las víctimas de ese asesino o agresor. Pero se debe a una práctica deontológica o incluso a un juramento hipocrático que está por encima de cualquier elemento personal y atiende a ese asesino o agresor. El médico ha tenido en su mano agravar el sufrimiento del asesino o agresor. O incluso generarle más daño. El médico ha tenido en su mano dejar morir sufriendo al asesino o al agresor. En cambio decide salvarle en base a ese juramento hipocrático y a la deontología. Incluso porque dejándolo morir o perpetrándole más daño, podría tener problemas el médico. ¿La culpa es del médico? En mi opinión es que no.
Si los delitos cometidos son graves, ¿por qué se crea una ley que permite jugar con interpretaciones o márgenes para reducir los tiempos de las condenas? Pero la culpa es del abogado.
Debemos tener en cuenta que nos encontramos con un sistema de resolución de conflictos heterocompositivo. Es decir, que si las partes no están de acuerdo en algo, es necesario que un tercero (como individuo o como órgano colegiado) decida y haga cumplir lo decidido. Sería una aberración del sistema que, consciente de que un cliente (en su relación profesional abogado-cliente) no pudiera beneficiarse de algo que prevé la ley (la rebaja de la condena en caso de modificación legislativa que le beneficie) porque unilateralmente, el letrado decide no aplicar dicha posibilidad. Es decir que pasaríamos a una segunda instancia que vendría decidida por el abogado en ese dilema de solicitar o no la rebaja de la condena pensando, no en su cliente, sino en las víctimas. En definitiva el abogado, sin quererlo, se convertiría en juez no por aplicar la ley de forma aséptica, sino por, deliberadamente decidió no aplicarla. Y lo peor es que sobre esta cuestión, que probablemente el cliente no lo sepa, no cabe recurso alguno.
Es cierto que muchas veces nosotros mismos hemos propiciado que se nos considere incluso cómplices de nuestros clientes. Esto sucede en cualquier orden jurisdiccional y es porque generalmente nos implicamos en el asunto sobrepasando la implicación de carácter profesional (dar lo mejor de nosotros mismos) a una implicación personal (hacer nuestros los problemas de los clientes). Y esto es un problema, valga la redundancia.
Ver los problemas de los clientes desde otro prisma nos permite buscar soluciones o ayudar a los clientes, pero cuando nos implicamos personalmente, esa visión estratégica desaparece. Y ello conlleva a que, incluso, discutamos entre los profesionales no por cuestiones personales (que podría tener su sentido) sino por las cuestiones personales de nuestros clientes.
Lo cierto es que este problema solo se plantean en algunas profesiones. El periodista, como lo es Matthew Bennett, no está obligado a contar TODO lo que ocurra. Puede decidir qué contar y qué no contar, o cómo contarlo sin mayores consecuencias. Podrá contarlo incluso según la linea editorial del medio en el que trabaje o bajo el paradigma de su pensamiento, su moral o su propia percepción personal.
En general, esto no lo podemos hacer los letrados. Especialmente porque la ley no depende directamente de nosotros, sino que tenemos la encomienda de un cliente que quiere que se cumpla la ley, en cualquiera de los sentidos. Pero la ley viene redactada y elaborada por políticos, en algunos casos, con una claridad que impide una interpretación y que permita reflexionar “un poco sobre el sentido de la vida” como evocaba Matthew. Esto no es cuestión de política (la aplicación de la ley). Es cuestión de política la elaboración de las leyes o la política legislativa.
En definitiva, la culpa es del abogado.
¡Nos vemos en el próximo!